La
obligatoriedad del nivel secundario se presenta como un derecho de los jóvenes
y como una obligación del estado (resolución CFE N° 79/09 “Plan nacional de
educación obligatoria”), continuando con el mandato de la Ley de Educación Nacional N°
26.206, que garantiza el derecho a la formación de los jóvenes para el
ejercicio de una ciudadanía plena, para el desarrollo de competencias y saberes
que permitan su inserción en el mundo del trabajo y que garantice al mismo
tiempo, la continuidad de sus trayectorias formativas en el sistema superior.
Estas
modificaciones en el marco jurídico plantean la necesitad de repensar el
adentro de una escuela para todos, un adentro sin lugar para el afuera, donde
la expulsión no constituye un dispositivo ni legitimo ni legal, por lo tanto
tampoco constituye una amenaza. Un adentro poblado por sujetos de derecho que
deben ser alojados en convivencia democrática, y que a su vez nos vincula no
solo al desafío de redefinir nuestros modos de concebir el “estar juntos” en la
escuela, sino también de hacer de ello una experiencia pedagógica.
¿CONOCES LA LEY N ° 26.206?
Esta Ley define
a la educación como un derecho social, al conocimiento como bien público y
establece la obligatoriedad del nivel secundario, siendo el Estado quien debe
garantizar las condiciones materiales para que todos los estudiantes ingresen,
permanezcan y egresen del nivel. Que todos los estudiantes ingresen,
permanezcan y egresen implica que, desde las escuelas en general y desde las
aulas en particular, deben desarrollar propuestas pedagógicas que atiendan a
los jóvenes y a las practicas que estos realizan y que posibiliten fortalecer
su identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto, entendiendo
que su inclusión en la escuela hace posible la formación de sujetos libres para
expresar, actuar y transformar la sociedad.
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